Integrantes del Grupo de Trabajo de Movilidad Humana Venezolana, presentaron este martes 30 de abril en Lima, su Plan de Acción de Sociedad Civil para Personas Migrantes y Refugiadas Provenientes de Venezuela que requieren Protección Nacional e Internacional, en una actividad que contó con la presencia de representantes del gobierno peruano – Ministerios de Salud y Ministerio de Relaciones Exteriores-, 26 organizaciones – PNUD, Save the Children, UNFPA, Pastoral de Movilidad Humana, PLAN Internacional, entre otras -, medios de comunicación y público en general.

Elaborado durante el 2018 por 44 organizaciones de Sociedad Civil, aglutinadas en el Grupo de Trabajo de Movilidad Humana Venezolana, el Plan de Acción está dividido en seis capítulos y cuenta con más de 300 recomendaciones y herramientas para responder de manera coordinada y con un enfoque de derechos humanos a los crecientes flujos de personas provenientes de Venezuela en las Américas.

‘’Es una iniciativa de un grupo de organizaciones de Sociedad Civil que, desde enero de 2018,  nos percatamos de la difícil situación que tenían las personas que salían de Venezuela. Identificamos la necesidad de organizar una respuesta regional haciendo un llamado a todos los actores involucrados: Estados, organismos internacionales sociedad civil, medios de comunicación,  para responder a esta grave crisis que se presentó en el hemisferio” explicó el Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL, Francisco Quintana, durante la ceremonia de apertura en la sede de la Universidad Antonio Ruíz de Montoya.

‘’No hablamos solo de migrantes o refugiados, estamos hablando de una situación compleja que aborda tanto a población migrante como a población con necesidades de protección internacional”, prosiguió Analí Briceño de la Clínica Jurídica Pedro Arrupe SJ. quien destacó la necesidad de que los Estados reconozcan la Declaración de Cartagena y  agregó que ‘’el Plan de acción busca que se reconozca de manera internacional las garantías que están estipuladas en convenios y tratados internacionales, de los que la mayorías de los países de la región han firmado y  son parte‘’.

Acciones diferenciales para distintos grupos poblacionales en contexto de movilidad humana que, ‘’adicional a las vulnerabilidades que acompañan a las personas migrantes y refugiadas, convergen en ellas múltiples factores de discriminación como: género, raza, etnicidad, orientación sexual, edad, entre otros’’ son detalladas en este documento. Así, mujeres, niñas y niños, personas LGBTI+, adultos mayores y poblaciones indígenas, tienen un apartado especial donde se recomienda cómo garantizar una migración segura y en pleno respeto de los derechos humanos de estos grupos.

Por su parte, Isabel Berganza de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya abordó las dificultades con las que se encuentran las personas en situación de movilidad humana e hizo hincapié en la ‘’tendencia a una política restrictiva por parte de los Estados con el incremento de  los requisitos para el ingreso. Como es en Perú el requisito del pasaporte’’.  También se refirió a la necesidad de ‘’promover el involucramiento de dos espacios: por una parte los gobiernos locales, que son los que más cercanos tienen a la población y pueden diseñar políticas adecuadas a la realidad concreta, y por otra, el involucramiento del sector empresarial’’.

Esta situación de movilidad »No es temporal, no va a durar un ratito. por eso tenemos que pensar en soluciones duraderas»,  argumentó Cécile Blouin, responsable de la línea Movilidad Humana del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP). Por esto »se requieren respuestas de largo plazo de los Estados. El reto aquí es tomar en cuenta las necesidades de las personas migrantes y refugiadas, y de la población local», continúo.  

Francisco Quinta de CEJIL, complementó lo aportado por Blouin y explicó que las »estadísticas marcan que población que está fuera de Venezuela no va a regresar inmediatamente -solo 20/40 % regresaría-  un gran porcentaje quedaría en las comunidades de acogida, de allí la importancia de trabajar estas».

Prosiguiendo con su ponencia, la representante del IDEHPUCP, mencionó que »Perú es el segundo país receptor y el primero en solicitudes de refugio». Al tiempo que se refirió a que los Estados de la región tienen un gran reto »a mediano y largo plazo que es la integración laboral. En el caso peruano el 70 % del mercado laboral es informal por lo que en el contexto peruano hay retos diferentes. Es el país de la región que más tienen informalidad» .

Luego se dio paso al conversatorio, el que tenía como objetivo responder cómo será de utilidad este Plan de Acción para los diferentes sectores. Para esto, tomaron la palabra  un representante de la academia, otro de sociedad civil y uno del gobierno.

Por la academia, Feline Freier de la Universidad del Pacífico, interpeló a la audiencia al enunciar: »Tenemos que preguntarnos de manera honesta qué espacio queremos tomar en este monitoreo y en el desarrollo de respuestas políticas y sociales».  

Como representante de Sociedad Civil, América Arias de Acción contra el Hambre, destacó que ‘‘un Plan de Acción para organizaciones que trabajamos en terreno es útil (…) Tener un recetario compartido a partir del cual poder adaptar a cada realidad es muy necesario». ‘‘Esta herramienta es muy interesante, porque si se le quita la palabra Venezuela serviría para muchas crisis migratorias», concluyó.

Por el gobierno peruano, Gabriela Ramos de la Defensoría del Pueblo, destacó la importancia que tiene el Plan de Acción en el Estado, para contribuir en el desarrollo del trabajo que vienen llevando adelante para atender a esta población.

Durante la estancia en Perú, los representantes del Grupo de Trabajo de Movilidad Humana Venezolana también mantuvieron cinco reuniones bilaterales para presentar este documento: con la Defensoría del Pueblo, la Comisión Especial de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores, OIT, ACNUR y Migración Perú.

En pos de contribuir a garantizar una movilidad humana segura y con pleno respeto a los derechos humanos de cada una de las personas que huyen de la crisis política económica, social y humanitaria que atraviesa Venezuela, las 44 organizaciones de Sociedad Civil que conforman este grupo continuarán trabajando.